En 1984, durante los primeros meses de la democracia, varios
jueces empezaron a ordenar exhumaciones en cementerios en donde se conocía la
existencia de enterramientos de personas desaparecidas. Familiares de personas
desaparecidas asistían a estas exhumaciones en la esperanza de encontrar los
restos de sus seres queridos. Pero, estas exhumaciones fueron conflictivas en
varios sentidos. En primer lugar, los médicos oficiales a cargo del trabajo
tenían poca experiencia en la exhumación y análisis de restos óseos; en su
práctica profesional trabajan habitualmente sólo con cadáveres. En los casos de
desaparecidos, estas primeras exhumaciones fueron llevadas a cabo por
trabajadores del cementerio de una manera completamente a-científica. En
particular, cuando se usaron palas mecánicas, una parte importante de los
huesos que forman el esqueleto se rompieron, se perdieron, o se dejaron en la
fosa; tambi&eactuen, se mezclaron los restos de distintos individuos. Lo
mismo sucedió con la evidencia asociada a los restos tales como proyectiles de
arma de fuego, efectos personales, etc. Como resultado, se destruyeron parte de
los elementos necesarios no sólo para identificar los restos, sino también para
apoyar los procesos legales contra los responsables de estos crímenes. Además,
algunos de los médicos forenses habían sido ellos mismos cómplices de los
crímenes del régimen anterior, ya sea por omisión o comisión. En Argentina,
como en la mayoría de los países latinoamericanos, los expertos forenses son
parte de la policía y/o el sistema judicial. Por lo tanto, durante períodos no
democráticos su independencia se ve severamente limitada. Por todas estas
razones, fue necesario encontrar una alternativa científica a estos
procedimientos.
